El 10 de mayo del 2015, la vida de Chiara Páez terminaba en manos de Manuel Mansilla, su femicida. A su vez, nuestras vidas cambiaban para siempre con el “Ni Una Menos”, un grito multitudinario que unió a mujeres de todo el país cansadas de enfrentarse día a día a la violencia de género. Hoy, siete años después de ese primer grito, en Argentina una mujer es asesinada cada 26 horas. Lamentablemente nos sobran los motivos para seguir marchando y pedir una reforma judicial feminista.
En 2015 Chiara Paez tenía 15 años. Fue asesinada en Rufino por su pareja Manuel Mansilla quien fue juzgado y condenado a 17 años de prisión. En ese momento, el de Chiara fue el décimo femicidio en la provincia de Santa Fe, cuando ni siquiera había pasado la mitad del año. La primera convocatoria reunió a miles de mujeres en todo el país que se abrazaron bajo un mismo grito.
Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022, se produjeron 2041 femicidios, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Durante el 2021 se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-travesticidios, según el trabajo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Es un promedio de uno cada 35 horas. En este año, se contabiliza un femicidio cada 26 horas.
El cordón industrial se suma al pedido de una reforma judicial feminista
A partir de los últimos meses, y como consecuencia del desmanejo del poder judicial en Argentina, las distintas organizaciones feministas comenzaron a exigir, sumando a las viejas demandas, una reforma judicial feminista. Para democratizar la Justicia, para agilizar las causas y para que los distintos casos sean abordados con perspectiva de género, de manera inclusiva y empática. Hechos como el de Paula Perassi en San Lorenzo y el mas reciente de Nora Escobar en Granadero Baigorria dejan a la vista la escaza perspectiva de género que atraviesa los trabajos y acciones de quienes ocupan el poder judicial en sus distintos niveles.
El 8 de marzo, al realizarse un nuevo Paro Internacional de Mujeres, las mujeres y disidencias del cordón escribían en el documento: “Pedimos una reforma judicial feminista: capacitación con perspectiva de género a jueces de familia a la hora de establecer regímenes comunicacionales y reclamos por cuota alimentaria en contexto de violencia de género, en caso de no cumplirse, efectiva sanción para los deudores, basta de violencia económica. Sanciones a funcionarios judiciales y policiales que no tomen las medidas necesarias para proteger a las mujeres, disidencias e infancias, decimos no a las situaciones de vulneración de nuestros derechos. Necesitamos fiscales con perspectiva de género, que apliquen el protocolo de la UFEM a la
hora de investigar muertes violentas de mujeres, llamemos las cosas por su nombre: nos
están matando y se llama femicidio”.
Seguido a ese pedido, se enumeraban las causas aún abiertas en la provincia y en el cordón. Ya quedó desactualizado. Escrito hace 3 meses, hoy ya tiene que renovarse. Falta, por ejemplo, el nombre de Nora Escobar, asesinada por su ex pareja Gregorio Britez quien ya está detenido a la espera del juicio. No paramos de contar muertas. No paramos de gritar “Ni Una Menos”. No paramos de pedir más responsabilidad de parte de quienes deben impartir justicia y quienes deben crear e implementar políticas de cuidado para prevenir que siga pasando.
Esta semana en la ciudad de San Lorenzo se presentó el Observatorio Villaflor, donde se hará un monitoreo y evaluación de las políticas públicas existentes en el cordón industrial para combatir la violencia de género. Buscarán organizarse y generar encuentro con mujeres de las 15 localidades que integran nuestro cordón industrial.
En una nota, en la previa a esta presentación que tuvo lugar el miércoles, Luisina Flores, referente del nuevo espacio sostenía: “Después de varios años de organizarnos con distintas mujeres y disidencias del cordón industrial, nos encontramos mas de una vez coincidiendo en un diagnóstico: no existen fuertes políticas de género con el objetivo de disminuir los casos de violencia en nuestro departamento”.
En Granadero Baigorria, la concejala Antonella García presentó un proyecto que será tratado en el Concejo Deliberante de dicha localidad para capacitar a los y las comunicadores bajo los lineamientos de la Ley Micaela. El femicidio de Nora aceleró la puesta en marcha de este tipo de propuestas por dejar a la vista una vez más las carencias que hay, en este caso, en la mayoría de los medios de comunicación que no llevan adelante su labor desde la perspectiva de género.
Ambas iniciativas tienen el mismo motor y objetivo: Hay que derrumbar las estructuras que construyen y sostienen un sistema patriarcal que nos violenta, nos excluye, nos mata. Hay que desempolvarse, sacudirse las viejas formas, actualizarse, estudiar, evaluar, analizar, actuar. El feminismo es un verbo. El feminismo tiene que hacer y en ese hacer, cuenta también la responsabilidad de ir y sacudir a los y las que están ocupando dichos puestos como el de la Comunicación y el del Estado.
Somos miles viendo la misma problemática y las mismas carencias a la hora de abordar, por ejemplo, una denuncia por violencia y el acompañamiento a la víctima. Coincidimos en la necesidad de organizarnos y exigir a los distintos niveles del Estado mayor responsabilidad para no llegar tarde nunca más. Lo vemos nosotras, tienen que también, verlo ellos y ellas. Por eso, hoy una vez más marchamos en el cordón industrial, en la ciudad de Granadero Baigorria desde las 17hs.
Esta nota quedará abierta porque cada 26 horas en Argentina tenemos que actualizar el nombre de nuestras muertas. Y porque hay un movimiento feminista construyendo día a día ese presente que todas, todos y todes queremos, que grita hace 7 años: “Ni Una Menos”.
