El pedido de reforma judicial lleva varios años ocupando la agenda de distintos sectores políticos y sociales que exigen un mejor y mayor acceso, democratización y diversificación de los procesos judiciales. Ese reclamo no está ajeno al movimiento feminista que pide una reforma judicial con perspectiva de género. Es necesario preguntarnos ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial?
Para referirnos a la demanda de reforma judicial que se abre paso cada día más en Argentina, primero tenemos que comentar de qué hablamos cuando hablamos de poder judicial. Nuestra constitución establece en su texto la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto persigue un objetivo: generar un equilibrio y control entre ellos, pretendiendo un Estado donde nadie tenga la suma del poder público. El Legislativo es el que hace las leyes, el Ejecutivo es el que las pone en funcionamiento y el Judicial el que vela por su cumplimiento y determina si han sido infringidas, investiga, y cuando corresponda, estipula condenas.
Para esto último, el sistema judicial procesa conflictos, problemas de distribución y reconocimiento que son reclamados por todos nosotros y nosotras cuando creemos que algo o alguien no está en armonía con esas leyes generando un daño en los derechos.
El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias; el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura.
Es importante saber no sólo cómo está integrado el sistema judicial sino también cómo se distribuye, con qué recursos financieros, humanos y técnicos cuentan para responder a las necesidades de la población, objetivo que de forma sobrada sabemos que no están respetando.
Habiendo señalado esto, ¿Qué poder judicial reclamamos?
Un Poder Judicial democrático, plural, amplio, accesible, diverso y con perspectiva de género. En cuánto a esto último, pedimos una reforma con perspectiva de género, no porque se nos ocurra, sino porque vemos cómo está funcionando y respondiendo. O mejor dicho, no funcionando ni respondiendo a las demandas de cientas de organizaciones feministas del país que ven vulnerados los derechos de millones de mujeres sin que se tomen las medidas necesarias para prevenir o impartir justicia, en el peor de los casos.
Es fundamental ver cómo están trabajando y cómo resuelven los casos a su cargo tanto varones como mujeres. Todos y todas tienen la obligación de llevar adelante su deber como corresponde: administrar la justicia en base a la igualdad. No debe ser condicionante el género, la posición económica, el grupo étnico al cual pertenece, el lugar donde uno reside; la igualdad ante la ley debe ser el mentor de tales funciones y decisiones.
Es fundamental la perspectiva de género en este enredo, que no es otra cosa que reconocer el lugar de vulnerabilidad en el que se encuentra la mujer hoy en día en nuestra sociedad por encontrarse sometidas a diversas formas de discriminación y violencia, dignificar a quien parte de una situación vital y social de desventaja para así garantizar la igualdad.
La perspectiva de genero debe entenderse como una metodología y/o mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, para así poder implementar acciones positivas sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad en la materia.
El juzgar con perspectiva de género lejos de ser una moda jurídica es una obligación legal. Encuentra su fundamento y respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado Argentino ha suscripto e incorporado al ordenamiento mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (art. 16 CN; art. 1, Declaración Universal de Derechos Humanos, y arts. 1 inc 1 y 24, Convención Amerícana de Derechos Humanos).
Otro tema también importante es la paridad de género a la hora de seleccionar a quienes están conformando el Poder Judicial. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades para poder acceder a esos puestos, que tienen que ver con políticas públicas, de nuevo, con perspectiva de género para justamente poder equilibrar la cuestión.
Por lo que vemos no se trata únicamente de un ajustes al sistema actual, ni de lograr que más mujeres ocupen lugares judiciales, se trata de que se borren los prejuicios, el clasismo, el racismo y el machismo en las formas jurídicas, en las interpretaciones, en los tiempos de la burocracia judicial, en la formas de escucha y en las decisiones de política judicial.
Necesitamos una reforma judicial para un acceso efectivo a derechos. Por lo tanto, necesitamos reformas procesales, un plan estratégico de acceso a la justicia, cambios en la integración de la estructura judicial, repensar las respuestas para encontrar formas de reparación que no profundicen las desigualdades. Y, por último, la representación. Es importante que nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros operadores de justicia representen a nuestra sociedad.
Recuperar un Sistema de Administración de Justicia que hoy está en manos de un grupo selecto, autoritario y vitalicio, subordinado a las decisiones de los grupos concentrados de poder, es sumamente necesario. Recuperar la Justicia vinculada a prácticas transparentes, a la defensa de la verdad y a la idea de que quienes forman parte del poder judicial tienen que ser ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que el resto. ¿Por qué no pedir la democratización de la justicia?
Elijamos a quienes deben impartir justicia, a quien deben llevar adelante una investigación, a quienes nos deben representar y defender ante la injusticia.
